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Covid-19 en Cuenca

La pandemia dispara un 48,8% las muertes en la provincia en marzo

En la capital se han incrementado más del triple hasta llegar a los 212, mientras que en el mismo mes del año anterior se quedaron en 51

La pandemia dispara un 48,8% las muertes en la provincia en marzo
Foto: Saúl García
6/4/2020 · Las Noticias

La pandemia por COVID-19 ha disparado un 48,8 por ciento las cifras de fallecimientos en nuestra provincia durante marzo con respecto al mismo mes del año anterior, según asegura en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

En concreto, los registros civiles conquenses han expedido en este periodo un total de 308 licencias de enterramiento cuando en marzo del pasado año 2019 se elevaron a 207; es decir, nada más y nada menos que 101 fallecimientos más.

De esas 308 licencias de enterramiento, en 185 se recoge como causa del fallecimiento la COVID-19 o sospecha compatible con este coronavirus, referenciando como sospecha “aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa, máxime a la vista del incremento sustancial de licencias respecto a la media de años anteriores”, tal y como recalcan las citadas fuentes oficiales.

Cifras que se quedan cortas si se habla de Cuenca capital, donde los fallecimientos han aumentado en marzo más del triple que hace un año; en concreto, un 315,7 por ciento. No en vano, se han contabilizado un total de 212 licencias de enterramiento, mientras que en marzo de 2019 fueron 51, y del total el 65,1 por ciento (138) tenían referenciada como causa de la muerte la COVID-19 o sospecha compatible con COVID en la certificación médica.

POR PROVINCIAS

A nivel regional, la incidencia de la pandemia en números absolutos es mayor aún. Y es que se han expedido 3.319 licencias de enterramiento en marzo, lo que supone un crecimiento del 96,3 por ciento si se tiene en cuenta que en el mismo mes del año anterior esta cifra se quedó en 1.691. Del total, en 1.921 licencias de enterramiento, el 57,9 %, se recoge como causa del fallecimiento COVID o sospecha compatible con COVID.

Datos que si se analizan por provincias, llama especialmente la atención los 1.163 fallecimientos de Ciudad Real, con un aumento del 147,4%. Le siguen en cifras absolutas, aunque no en incremento porcentual, la provincia de Albacete, con 786 licencias de enterramiento y una subida del 147,2%; Toledo, con 725 y un 39,2%; Guadalajara, con 337 y un 92,6%; y Cuenca en último lugar con las cifras mencionadas anteriormente.

MEDIDAS TSJC-M

Como consecuencia de estos datos, se ha dictado Acuerdo por la Presidencia del TSJCLM dirigiendo prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Coronavirus COVID-19. Solicitando, si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial. Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.

En ese sentido, se han considerado muy valiosos, tal y como continúa la mencionada nota de prensa, los criterios médicos y el procedimiento a seguir para la emisión de los certificados que se han aportado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) con fecha 28 de Marzo de 2020, solicitando la colaboración de los Colegios Médicos de Castilla-La Mancha y del SESCAM para insistir en su aplicación.

RECOMENDACIONES A INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

En el expediente gubernativo abierto por la Presidencia del TSJC-M se encomienda a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, y a los Médicos Forenses la colaboración necesaria con los Registros Civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID 19.

Se ha acordado trasladar este Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Esta Presidencia quiere resaltar y reconocer “la función que están realizando los Jueces Encargados de los Registros Civiles y los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los Juzgados de guardia que ejercen como Registros fuera del horario de los mismos, muchas veces sin medios de protección individual”. Subrayando, además, “la garantía que su correcto desempeño supone para una constatación numérica absolutamente fiable y certera de las consecuencias de la enfermedad sobre las defunciones de las personas afectadas”.

Para el TSJC-M, la institución del Registro Civil constituye un referente para la seguridad jurídica de todos los hechos concernientes al estado civil de las personas, y sin duda también para el hecho final que es su fallecimiento, con su transcendencia personal y patrimonial, y garantía para la transmisión de sus derechos y constatación de la verdad de sus causas.

Del mismo modo, se significa que, aunque es una actividad de carácter administrativo no jurisdiccional, en nuestro país siempre ha estado históricamente encomendada a los Jueces, lo que asegura la prestación de este servicio con absoluta independencia y garantía de rigor profesional.

Su atribución a los Jueces seguirá estando vigente hasta el día 30 de junio de 2020, por aplicación de la Disposición Final de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que modificó este régimen atribuyéndolo a funcionarios administrativos de carrera sujetos al Estatuto del Empleado Público y dependientes del Ministerio de Justicia, salvo que se vuelva a prorrogar la entrada en vigor.

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