El Ayuntamiento inicia el proceso para la gestión directa de la zona azul

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado este lunes el inicio del procedimiento para estudiar un cambio en la forma de gestión de la zona azul, actualmente externalizada a través de la empresa Estacionamientos y Servicios SA. El objetivo del expediente será determinar si la prestación directa por parte del Consistorio resulta más eficiente y beneficiosa para la ciudad.

El acuerdo ha salido adelante en el Pleno ordinario del mes de junio con 13 votos a favor de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, ningún voto en contra y 11 abstenciones de PP y Vox. La decisión no supone todavía la municipalización del servicio, sino el comienzo de los estudios técnicos, jurídicos, económicos y organizativos necesarios para adoptar posteriormente una resolución definitiva.

El concejal de Movilidad, Héctor Serrano, ha explicado que el contrato vigente fue firmado el 4 de octubre de 2011 por un periodo de quince años, por lo que concluirá el próximo 4 de octubre de 2026. El documento contempla la posibilidad de acordar expresamente una prórroga máxima de dos años, aunque el acuerdo aprobado por el Pleno no incluye por ahora ninguna ampliación.

Serrano ha señalado que el propósito del Ayuntamiento es analizar la posibilidad de asumir directamente la operativa del estacionamiento regulado. Para ello, los servicios municipales deberán elaborar una memoria justificativa, un estudio de sostenibilidad, informes jurídicos y económicos y toda la documentación relacionada con la organización y el personal.

El Consistorio solicitará también a EISA que, en un plazo de 30 días hábiles, facilite la información técnica, económica, operativa y laboral necesaria. Estos datos permitirán determinar cuántos empleados están realmente adscritos al servicio de Cuenca y cuáles podrían ser susceptibles de subrogación si finalmente se opta por la gestión directa.

El concejal ha explicado que la empresa concesionaria dispone de departamentos generales de informática y desarrollo de programas, por lo que será necesario diferenciar qué trabajadores prestan sus servicios de manera específica para el contrato de la capital conquense.

PARTE DEL SERVICIO SEGUIRÁ EXTERNALIZADA

Serrano ha aclarado que una eventual municipalización no implicaría que el Ayuntamiento asumiera todos los trabajos relacionados con la zona azul. El suministro y la configuración de los parquímetros, el desarrollo y mantenimiento del programa informático y las aplicaciones utilizadas por los controladores tendrían que contratarse externamente.

La gestión directa podría afectar principalmente a la operativa ordinaria del servicio y a la organización de los trabajadores, así como ingresar lo recaudado directamente en las arcas municipales. El Ayuntamiento deberá estudiar también si es necesario modificar la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar o complementar el personal requerido.

El responsable de Movilidad ha señalado que el objetivo es prorrogar el contrato actual durante “el mínimo plazo necesario”. Aunque el acuerdo sobre el cambio de gestión podría adoptarse antes del vencimiento, ha reconocido que los contratos complementarios para los parquímetros y los sistemas informáticos difícilmente estarían preparados en octubre.

Los técnicos municipales estiman que podría ser necesario aproximadamente un año adicional. No obstante, todavía deberá aclararse jurídicamente si el máximo de dos años contemplado en el contrato puede dividirse en varias prórrogas o debe acordarse como un único periodo.

CEM DEFIENDE LA GESTIÓN PÚBLICA

Cuenca en Marcha ha respaldado el inicio del procedimiento al considerar que la gestión directa podría resultar más rentable y permitir que los beneficios del estacionamiento regulado revirtieran íntegramente en las arcas municipales.

Su portavoz, Pablo García, ha recordado que esta actuación formaba parte de los acuerdos alcanzados con el equipo de Gobierno para aprobar los presupuestos municipales de 2025.

García ha explicado que el control directo permitiría adaptar con mayor facilidad las plazas reguladas a las necesidades de movilidad de la ciudad. El Ayuntamiento podría decidir dónde ubicar zona azul o verde sin estar condicionado durante años por las condiciones de una concesión.

También ha defendido que la municipalización podría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y facilitar una planificación coherente con la futura Zona de Bajas Emisiones.

Vox se ha abstenido después de señalar que, como principio general, prefiere que los servicios sean prestados por empresas privadas. Su portavoz, Rafael Rodríguez, ha matizado que no se opondrá a la municipalización si los estudios demuestran que resulta más beneficiosa económicamente y no perjudica la calidad del servicio.

Rodríguez ha pedido conocer el número de trabajadores que tendría que asumir el Ayuntamiento, sus condiciones laborales, los costes de la prestación y los ingresos generados actualmente por la zona azul.

El Partido Popular también se ha abstenido. El concejal Juan Guadalajara ha reclamado que se compruebe con detalle cuántos empleados son necesarios y qué convenio laboral resulta aplicable.

Guadalajara ha pedido además que el estudio incluya una reorganización del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento, con independencia de que finalmente se opte por la gestión directa o por una nueva externalización.

Serrano ha insistido en que la decisión final no debe responder a criterios ideológicos, sino a los resultados de los informes. Como ejemplo, ha recordado que ciudades como Zaragoza, Sevilla, Tarragona o Talavera de la Reina gestionan directamente el estacionamiento regulado o han iniciado procesos similares.

El concejal ha añadido que, si los estudios aconsejaran mantener la externalización, se podría plantear un contrato de servicios en lugar de una concesión. Esta fórmula permitiría que los ingresos obtenidos por la zona azul fueran directamente al Ayuntamiento y que la empresa adjudicataria cobrara únicamente por los trabajos recogidos en el contrato.