Más de 80 millones para modernizar regadíos en Castilla-La Mancha con impacto en Cuenca
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha destacado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha invertido más de 80 millones de euros en la modernización de regadíos en Castilla-La Mancha.
De estos fondos, 47 millones de euros se destinan a siete actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tres de estas siete actuaciones están finalizadas y entregadas a las comunidades de regantes, mientras que dos se encuentran pendientes de recepción y otras dos en ejecución, con el compromiso de que todas estén concluidas antes del 30 de julio de 2026, ha señalado García.
Asimismo, ha apuntado que a estas inversiones se suman más de 24 millones de euros en el proyecto de Illana-Leganiel, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, cuya parte correspondiente al Ministerio ya ha finalizado, a la espera de que la compañía eléctrica complete su intervención para proceder a su entrega, así como más de 12 millones de euros destinados a los regadíos de Mora (Toledo).
García ha subrayado que estas actuaciones abarcan tanto grandes como pequeñas comunidades de regantes,y ha considerado: "Todos tienen derecho a contar con infraestructuras modernizadas que permitan una mejor utilización del agua”.
Ha hecho hincapié en que el MAPA está cumpliendo sus compromisos con Castilla-La Mancha y ha puesto como ejemplo las actuaciones vinculadas a los daños por la dana en municipios como Letur y Mira, donde ya se ha ejecutado el 98 por ciento de las obras en caminos rurales y el 79 por ciento de las intervenciones en comunidades de regantes, que prevé concluir a lo largo de 2026.
García ha valorado el papel de entidades como la Sociedad Estatal Mercantil de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en el desarrollo de estos proyectos y ha destacado la colaboración con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACOR), así como que su participación en órganos como la Mesa Nacional y el Observatorio del Regadío permite avanzar de forma conjunta en el desarrollo del sector.
Y ha reivindicado la importancia del regadío no solo desde el punto de vista productivo, sino también social, porque según ha dicho: "Detrás del regadío hay alimentación, seguridad alimentaria y personas que fijan población al territorio".
Planes hidrológicos justos y derecho al agua
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reclamado que los planes hidrológicos traten con igualdad a todos los territorios y ha rechazado que el esquema provisional de temas importantes plantee que la región pierda dotaciones de agua para garantizar el riego en otras regiones.
Por este motivo, el Ejecutivo autonómico está trabajando ya en la presentación de alegaciones, ha apuntado Martínez Lizán, que ha considerado: "Castilla-La Mancha viene demostrando históricamente su solidaridad con otras zonas del país, pero no es aceptable que siempre se pida este compromiso a nuestra región porque el desarrollo de unos territorios no puede producirse a costa del estancamiento de otros".
"Por eso, reivindicamos el derecho de Castilla-La Mancha a desarrollarse, a usar el agua que nace en su territorio y a garantizar el agua para sus regantes", ha añadido el titular de Agricultura.
En este sentido, ha abogado por que los procesos de planificación hidrológica recojan las necesidades reales de Castilla-La Mancha, porque ahora no está siendo así, según el consejero, quien ha advertido: "Nos están orientando en algunos casos a volver al secano, por lo tanto, a la muerte obligatoria de nuestros municipios en aquellos sitios donde se produzcan".
Pero ha advertido: "No lo vamos a consentir y vamos a plantear alegaciones a las diferentes confederaciones ahí donde creemos que esté perjudican nuestros intereses”.
Asimismo, ha reclamado a los organismos de cuenca con competencias en la gestión del agua que contribuyan “a un uso eficiente y responsable del recurso, especialmente en el regadío", y ha pedido que no se dificulte la actividad de los agricultores “mediante restricciones injustificadas o la aplicación de criterios desiguales entre territorios".