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Especial Semana Santa 2019
Despoblación

El Gobierno regional espera tener suscrito este año el Pacto contra la Despoblación

Más de 600 pueblos de Castilla-La Mancha están en riesgo serio de despoblamiento por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado

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Foto: JCCM
7/11/2019 · Las Noticias

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha comenzado la ronda de reuniones con los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), para avanzar en la suscripción de un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha.

“Entendemos que los sindicatos, los empresarios, la parte de representación de las corporaciones locales y los agentes que están directamente sobre el territorio desde hace muchos años trabajando en favor del desarrollo de estas zonas de esta Comunidad Autónoma tienen que estar en el impulso a este documento”, ha apuntado.

En este caso, el vicepresidente, acompañado por el responsable del Comisionado para el Reto Demográfico, Jesús Alique, se ha reunido con el coordinador general de UGT en la región, Carlos Pedrosa; con el secretario general de CCOO en Castilla- La Mancha, Paco de La Rosa; y con el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, quienes rubricaron meses atrás el Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha, con horizonte 2019-2023, y a los que ha pedido su colaboración.

Tal y como ha detallado Martínez Guijarro, el objetivo es crear una serie de grupos de trabajo “para diseñar una estrategia que contemple medidas en el medio y largo plazo” que van a servir de punto de partida para iniciar la Estrategia contra el Despoblamiento y la Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento, que verán la luz a lo largo de esta legislatura.

En este sentido, el vicepresidente ha recordado que ya ha comenzado el trámite de esta futura norma que confía en que esté operativa en el año 2021, y con la que se van a articular algunas de las medidas que aparecerán a lo largo de los grupos de trabajo que se crearán con el fin de alcanzar un Pacto consensuado.

Y es que ha insistido en la necesidad de “un gran acuerdo político y social”, porque la lucha contra el despoblamiento es “una lucha que van a tener que llevar a cabo sucesivos gobiernos en distintas instituciones” ya que, tal y como ha insistido, “ese largo plazo va mucho más allá de varias legislaturas”.

Y para alcanzar ese gran acuerdo político el Ejecutivo autonómico va a abrir las conversaciones y los contactos a todas las instituciones que se quieran adherir, conscientes “de que es fundamental también la implicación de las cinco diputaciones provinciales”,

La próxima semana, el vicepresidente extenderá esta ronda de contactos con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) y con miembros de la Red castellano-manchega de Desarrollo Rural (Recamder).

600 municipios en riesgo de despoblación

Más de 600 pueblos de Castilla-La Mancha están en riesgo serio de despoblamiento por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y el principal problema que ello acarrea es la financiación de los servicios públicos, cuyo sobrecoste es, ha dicho Martínez Guijarro, "descomunal".

Ha explicado que la Unión Europea marca que los territorios que están en riesgo serio de despoblamiento son aquellos que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y en esa situación hay más de 600 municipios de Castilla-La Mancha

Son básicamente pueblos de menos de 2.000 habitantes y en Castilla-La Mancha, ha advertido, hay comarcas enteras con municipios que no superan los quinientos.

Uno de los principales problemas que acarrea que los pueblos se vacíen y que habrá que resolver, ha dicho, es la financiación de los servicios públicos que se prestan, tanto la sanidad, educación y servicios sociales como el alumbrado público, el suministro de agua o la recogida de residuos.

Son servicios que tienen "un sobrecoste descomunal" en estos territorios con respecto a los municipios grandes.

"Esto es lo que hay que poner encima de la mesa", ha afirmado Martínez Guijarro, quien ha añadido que se trata de "un coste que tiene que asumir la Administración del Estado", y por tanto, se tiene que contemplar en la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

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