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Especial Semana Santa 2020

El acuerdo del 'Foro Santiago' incluye la petición de ayudas especiales para Cuenca

Ocho presidentes autonómicos, incluidos el de Castilla-La Mancha, han acordado una declaración institucional con 35 puntos de consenso sobre financiación autonómica

El acuerdo del 'Foro Santiago' incluye la petición de ayudas especiales para Cuenca
Fotos: JCCM
23/11/2021 · EFE/C.I.P.

Los ocho presidentes autonómicos reunidos en la cumbre sobre financiación de Santiago han celebrado las posiciones plasmadas en una declaración institucional con 35 puntos de consenso y han situado la reunión celebrada este martes en la normalidad, alejándola de toda confrontación partidista.

Uno de los puntos de dicho acuerdo, concretamente el sexto, señala que los firmantes apoyan la reivindicación de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León de que las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, y sus zonas adyacentes, las únicas de España con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, deben contar a nivel europeo con el mismo trato qeu las zonas consideradas 'escasamente pobladas', que e la actualidad son aquellas de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

La cita ha juntado este 23 de noviembre en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).

Todos ellos, ante una eventual reforma del sistema, han concordado, tras un trabajo previo de sus respectivos gabinetes de Hacienda, que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberán ser fijadas atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades reales.

Es decir, además de los costes fijos, pues la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, por ser -reza el texto- "condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios" cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.

También se han puesto de acuerdo en que, de forma específica, se evalúen los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las autonomías.

Especialmente en sus áreas reclaman que se tengan en cuenta factores de coste consustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos.

"No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día...) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías, y con el consiguiente gasto farmacéutico", recoge el documento.

Un gasto, este último, que conlleva necesariamente "diferentes intensidades" en la utilización de los servicios públicos.

Del mismo modo, proponen la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios.

Además, en particular ponen el foco en la sanidad pública y en su dinámica de crecimiento de gasto, todavía más intensificada con la pandemia vigente, al considerar que debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación.

El peso de la sanidad en el sistema, creen, debe adecuarse al gasto real de las comunidades autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la crisis sanitaria.

En concreto, han coincidido en que se valore de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85) y aumentando su ponderación.

Aparte, sugieren revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y, sobre todo, ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.

"Un foro constructivo que no va contra nadie"

 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado el encuentro de "muy constructivo" pues, a su juicio, se trata de "un buen ejemplo" que tiene que continuar y "que no se hace contra nadie, sino en favor de sumar y en representación no de un partido, sino del conjunto de los millones de personas a las que representamos".

Considera que lo firmado hoy no es "un documento de trámite ni de postureo, sino una declaración sosegada y pensada", y ha avanzado que quedan pendientes otros asuntos que se abordarán previsiblemente, y a iniciativa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en Comillas.

El presidente castellanomanchego ha incidido en que "la pluralidad no se contrapone a la unidad, al contrario", y ha subrayado que todos los participantes en este encuentro "defendemos la unidad sobre la riqueza y la variedad que cada uno gestionamos".

Asimismo, ha recordado que "una de las cosas que saluda y fortalece el sistema democrático es que independientemente de la ideología que cada uno profesemos, diferenciamos con mucha claridad los intereses de los partidos de los intereses institucionales que representamos", lo que "prestigia a las instituciones y establece un diálogo muy representativo".

Durante esta cumbre autonómica, el presidente García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, y por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

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