Europa ratifica el mapa de ayudas que permitirá subvencionar a empresas de Cuenca

La Comisión Europea ha aprobado definitivamente el mapa regional sobre ayudas estatales para España, un instrumento que permitirá que las empresas de la provincia de Teruel –junto a las de Cuenca y Soria– dispongan de subvenciones por valor de un 20% de sus costes de funcionamiento, una contribución sustentada en su baja densidad de población.

Así lo ha hecho público la institución comunitaria en una nota previa a la publicación oficial de esta decisión, en vigor en todo caso desde el 1 de enero de 2022, y tras la documentación trasladada por el Gobierno de España.

El pasado mes de julio, los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León remitieron un informe al Ejecutivo central para que justificara de cara a la Comisión Europea cómo se podían articular estas ayudas, de forma que pudieran ser validadas, como así ha sido.

Ahora deberá ser el Gobierno de España el que, una vez aprobado el mapa que ampara estas ayudas a partir de la iniciativa autonómica, establezca los mecanismos para que las subvenciones se hagan realidad. 

Las Directrices sobre las Ayudas de Finalidad Regional (DAR), en las que la Comisión Europea expone las condiciones bajo las que las ayudas estatales de finalidad regional son consideradas compatibles con el mercado interior y en las que establece los criterios para detectar qué zonas cumplen, fueron inicialmente adoptadas por la Comisión el 19 de abril de 2021.

A continuación, como marca el procedimiento, el Estado notificó a la Comisión un único mapa de ayudas regionales que la institución europea ha examinado. Si cumple las condiciones establecidas en las presentes directrices, la Comisión adopta una decisión de aprobación, como ha sido el caso.

Entre las áreas elegidas como susceptibles de recibir ayudas estatales se encuentra la provincia de Teruel debido a su catalogación de zona escasamente poblada, con menos de 12,5 habitantes por km².

Por otro lado, una vez que esté en vigor el futuro plan territorial de transición justa en el contexto del Reglamento sobre el Fondo de Transición Justa, España tendrá la posibilidad de notificar a la Comisión una modificación del mapa de ayudas regionales aprobado hoy, con el fin de aplicar un posible aumento de la intensidad máxima de ayudas a la inversión en estas zonas.

Las DAR revisadas, tal y como ha informado la Comisión Europea en una nota de prensa, permiten a los Estados miembros apoyar a las regiones europeas menos favorecidas en su recuperación y reducir las disparidades en términos de bienestar económico, ingresos y desempleo, objetivos de cohesión que son elementos centrales de la Unión.

También ofrecen mayores posibilidades a los Estados miembros para apoyar a las regiones que se enfrentan a una transición o a retos estructurales, tales como la despoblación, a fin de contribuir plenamente a las transiciones ecológica y digital.

Al mismo tiempo, las DAR revisadas mantienen sólidas salvaguardias para evitar que los Estados miembros utilicen fondos públicos para favorecer la deslocalización de puestos de trabajo de un Estado miembro de la UE a otro, lo que es esencial para una competencia leal en el mercado único.

El mapa de ayudas regionales de España define las regiones españolas que pueden optar a ayudas regionales a la inversión. El mapa también establece las intensidades máximas de ayuda en las regiones que pueden acogerse a subvenciones. La intensidad de la ayuda es el importe máximo de ayuda estatal que puede concederse por beneficiario, expresado como porcentaje de los costes de inversión subvencionables.

El 19 de abril, la Comisión Europea constató en las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, diseñadas para el periodo 2022-2027, que las empresas turolenses podían tener acceso a estas subvenciones. 

El pasado mes de julio, los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León pusieron en común un informe elaborado por una consultora en el que se daba respuesta a cómo articular estas bonificaciones, al amparo de las nuevas Directrices.

El estudio facilitaba al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas validara las ayudas, de forma que no tengan efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea, y como así se ha constatado.