PP y PSOE rechazan una moratoria en la autorización de macrogranjas porcinas

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de PSOE y PP, poner en marcha una moratoria que paralice las autorizaciones de explotaciones porcinas intensivas en la región en tanto no se defina y se ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva que además debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore “de forma detallada y rigurosa” el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha.

También se ha rechazado la petición de la formación morada para dejar de “promover y apoyar económicamente la instalación o ampliación de explotaciones de ganadería intensiva en Castilla-La Mancha al menos hasta la aprobación del Plan Estratégico de Ganadería Intensiva y la realización de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica”.

Podemos se ha quedado solo en la defensa de su Proposición No de Ley (PNL) apoyada por Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha y cuyo desarrollo en el Parlamento regional han seguido hoy atentamente varios miembros de ARGAPOR, la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino.

El rechazo a la proposición se producía después de que tanto PSOE como PP ofrecieran incorporar enmiendas a la propuesta que la formación morada no ha aceptado al considerar que, o bien suprimían o bien desvirtuaban las propias medidas de la PNL.

Los argumentos de Podemos

El diputado David Llorente ha defendido la proposición recordando la movilización protagonizada el pasado domingo por “cientos de personas” en Toledo, procedentes de numerosos puntos de la región y reclamando una moratoria en las autorizaciones de macrogranjas de porcino.

“No luchamos contra los trasvases para que ahora el Gobierno regional trasvase agua también a las macrogranjas para beneficios de unos pocos”, ha dicho Llorente para recordar, entre otras cosas, los perjuicios de los excrementos en forma de abono de estos animales “que se filtran a los acuíferos” o los que están en grandes balsas que “son un riesgo permanente de contaminación. No es una suposición porque ha provocado restricciones para abrir el agua del grifo en algunos pueblos de la región”.

También sostiene que la ganadería intensiva “afecta negativamente al bienestar de los animales que son tratados como mercancía y sometidos a maltrato sistemático” y ha lamentado la “persecución” del Gobierno regional a quienes denunciaron esta situación en la empresa conquense Incarlopsa pese a que les fue dada la razón en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Además, ha rechazado hablar de los purines como un mero abono para referirse a lo que califica de “residuos tóxicos con altas concentraciones de nitratos o antibióticos con riesgo para la salud” como lo es también, añadía, para el cambio climático. En este último aspecto ha aludido a un informe “encargado” por la Junta castellano-manchega en 2009 informe y que señala a la producción ganadera intensiva como una de las actividades que incide en dicho cambio climático.

El PP pone el foco en los purines y en el "espectáculo" PSOE-Podemos

Precisamente ha sido el tema de los purines en el que ha puesto el foco el Partido Popular. El diputado Antonio Martínez ha lamentado que PSOE y Podemos “se hayan pasado cuatro años tensando la cuerda” sin resolver el que considera “el problema de fondo” y que tiene que ver con los purines que generan las explotaciones intensivas.

“¿Qué hacemos con los purines? ¿Por qué no los abordan como residuos y no como abono?” ha preguntado porque eso, decía, no se soluciona con poner las granjas a más o menos distancia de los núcleos urbanos, un aspecto este del que ha venido presumiendo el Gobierno regional como forma de “endurecer” las condiciones a este tipo de explotaciones porcinas.

“¿Quién controla el uso de los purines?”, planteaba, para recordar que los excrementos animales en ciertas cantidades dejan de ser abono, otro de los argumentos más repetidos por el Gobierno socialista.

Martínez ha afeado también a la Junta castellano-manchega que se “lave las manos” dejando la última decisión a los ayuntamientos, incluidos los más pequeños “que no tienen recursos” y se mostraba en desacuerdo con suprimir las ayudas económicas a las explotaciones ganaderas haciendo tabla rasa con todo el sector, tal y como proponía Podemos. “Podemos causar daño a muchos ganaderos porque ganadería intensiva es también la de aquel que tiene 500 gallinas”.

El PP ha aprovechado también su intervención para criticar lo que ha calificado de “espectáculo PSOE-Podemos” por “no haber sido capaces de llegar a un acuerdo” que llevar al Parlamento regional, teniendo en cuenta que forman parte de un mismo Gobierno.

“Con este debate subyace el más absoluto desinterés de PSOE y Podemos por solucionar los problemas de los ciudadanos”, decía Martínez, cuyo partido apoyará “cualquier actividad productiva, desde respeto a medio ambiente y teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos que no se quejan por quejarse. No merecen un gobierno como el de ustedes”.

“No hay una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La Mancha"

Desde las filas socialistas, tanto la diputada Carmen Torralba como el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han optado por poner datos sobre la mesa para oponerse a la petición de Podemos.

La diputada ha acusado al diputado de la formación morada de “faltar a la verdad” para justificar la Proposición No de Ley. “Venir desde el sillón de su casa a hacer demagogia es facilísimo, lo difícil es seguir viviendo en pequeños núcleos urbanos” y ha recordado que la actual normativa europea permite la subvención a la ganadería intensiva. Ha negado que las ayudas se otorguen solo en Castilla-La Mancha, “y aun así se han modulado”.

“No se empeñe señor Llorente, aquí no se prima a la ganadería intensiva sobre la extensiva y lo saben los ganaderos” ha dicho Torralba para insistir en que el Gobierno socialista “apuesta por el crecimiento sostenible donde no todo valga, pero donde los pueblos no se mueran” y ha insistido en que “son los ayuntamientos los competentes” en otorgar las licencias.

“El Gobierno es sensible a la opinión de plataformas pero tiene la obligación de ser sensible también a las del sector ganadero tan importante en nuestra región”, ha sentenciado para criticar al PP por “esconderse del discurso” en torno al tema.

El consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo cree que los argumentos de Podemos “sea caen por su peso” porque “no hay una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La Mancha, de ninguna manera” y apuntado que mientras desde el año 2007 las explotaciones porcinas han aumentado en la región en un 8%, en el conjunto del país lo hicieron en un 43%

Ha apuntado a la existencia de 1,6 millones de cerdos (en intensivo y extensivo) en Castilla-La Mancha mientras que en 2015 esa cifra era de 1,55 millones, “es decir lo mismo. Dónde está el crecimiento exponencial?” y lo ha comparado con las cifras de otras regiones como Castilla y León (4 millones de cerdos), Aragón 7,7 millones) o Murcia (1,8 millones) o con el hecho de que en Cataluña haya 255 plazas de porcino intensivo por kilómetro cuadrado.

“No me gusta que se cree alarma social con cuestiones de salud pública. Me parece sencillamente intolerable”, ha argumentado el consejero quien afirmaba que “vivimos en la Unión Europea, donde mayor seguridad alimentaria hay y si alguien la cumple es nuestro sector porcino”. Ha defendido las “estrictas” exigencias medioambientales, con un total de 46 evaluaciones de impacto ambiental en la legislartura de las que 30 recibieron el visto bueno de la Junta.

También ha respondido a las palabras de Llorente en torno al agua, en concreto a la del Tajo, “Es evidente que el trasvase sirve para que las explotaciones porcinas funcionen en Murcia y lo que es posible allí es posible aquí”, pero, ha matizado, “hay muchos sectores que necesitan mucha más agua que el porcino”. Además, ha defendido que “con la ganadería intensiva luchamos contra la despoblación”.

Al PP le ha afeado que tuviera una legislatura de gobierno en solitario "y no hicieron nada", además de asegurar que con la gestión de purines "se cumple la normativa: la que pone la Unión Europea y el Ministerio y que controla la Administración regional, los agentes medioambientales, la PAC o la normativa de nitratos".

También ha negado que haya favoritismos con Incarlopsa, una de las empresas cárnicas más importantes de la región. “En la misma convocatoria, la empresa que usted menciona recibió un 12% de subvención, y las más pequeñas un 50%”.

Ha exhibido todavía alguna cifra más: los 180 millones en ayudas de la línea FOCAL, para el sector agroalimentario durante toda la legislatura, además de destacar el “gran esfuerzo” con el Plan de Ganadería Extensiva para la región. “Es el sector más apoyado por el Gobierno porque vertebra el territorio y moldea al paisaje” y ha finalizado citando también a los consumidores. “Hay que saber lo que estamos dispuestos a pagar en la cesta de la compra. Y hay que ser realista: todos los sistemas productivos son compatibles. No debemos eliminar ninguno porque si no están aquí, estarán en Murcia y con el agua”.