Prieto pide, en relación a las macrogranjas, compaginar desarrollo económico y calidad de vida

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha recibido este miércoles en audiencia a una delegación de la Asociación para la Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA), integrada por Antonio Heras, Hortensia Bustos y Marta Muñoz, que le han trasladado sus "inquietudes y temores" ante la instalación en su término municipal de su localidad de una granja porcina para 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kilos y su reposición.

En nota de prensa, Prieto ha señalado que la Diputación no tiene competencias específicas en esta materia y sí la Junta de Comunidades, por ser el organismo sustantivo competente en materia medioambiental y urbanística. Aunque, sin embargo, son los Ayuntamientos en última instancia quienes tienen que conceder o no la licencia de actividad pertinente.

El presidente provincial considera que la Junta debería "implicarse más" con los Ayuntamientos y "ser partícipe de esa responsabilidad" en la concesión de la licencia de actividad con el objeto de dar seguridad y certidumbre a los vecinos de los municipios donde se van a instalar esas macrogranjas.

Y, de la misma manera, ha manifestado echar de menos que, ante la "avalancha" de solicitudes de este tipo de explotaciones ganaderas en los últimos tiempos, el Ejecutivo de García-Page no haya elaborado "un estudio global sobre sus posibles riesgos, así como las oportunidades que generen en nuestro tejido socioeconómico y a raíz de ahí orientar sus políticas en este ámbito, siempre con el objeto de dar seguridad tanto a los emprendedores como a los ciudadanos".

Asegura Prieto que respeta a los emprendedores que apuestan por esta provincia "siempre y cuando sus proyectos estén sometidos a la normativa vigente y en muchos casos sumándoles el sentido común".

En esta línea, Prieto ha recordado que, a pesar de no tener competencias en este asunto de las macrogranjas, la Diputación, en aras de avanzar en esa necesaria seguridad para los ciudadanos, ha iniciado contactos con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la elaboración de un estudio de nuestros suelos para ver cómo pueden afectar estas explotaciones tanto a la cantidad de agua necesaria para su funcionamiento como a la calidad del agua en relación a la gestión de los residuos, como los purines.

En todo caso, ha indicado que "esperemos que cumpliendo con la normativa vigente y con sentido común, se pueda compaginar el desarrollo económico del territorio con la calidad de vida de sus habitantes".