04 de Enero de 2017
Provincia

CCOO pide la rectificación de los pliegos del concurso de transporte sanitario

  • El sindicato insta a la Administración regional a que realice un seguimiento de la gestión de la actual concesionaria

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CCOO pide la rectificación de los pliegos del concurso de transporte sanitario
Foto: Saúl García
M.J.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cuenca, Lucía Garrido, ha instado este miércoles al Gobierno regional y al SESCAM a "rectificar" los pliegos de condiciones que rigen el nuevo concurso del transporte sanitario en la región, antes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dado que, según ha lamentado, en Cuenca "sobran al menos treinta trabajadores". A continuación, Garrido ha criticado que dichos pliegos propician una reducción "inaceptable" del número de trabajadores que prestan un servicio público "esencial", no garantizan, "ni de lejos", el mantenimiento de todos los puestos de trabajo actualmente existentes, inciden en la "precariedad laboral" y priman las ofertas "más bajas a la hora de la licitación" del servicio para los próximos seis años. 



"Nos preocupan", ha admitido, "consecuencias" como la destrucción de empleo y la pérdida de eficacia en la prestación de un servicio "tan importante para la calidad de vida de la ciudadanía en nuestra provincia", por lo que ha anunciado el inicio de una campaña "informativa y de denuncia" en el transcurso de la cual representantes del sindicato visitarán centros de salud, centros de especialidades y el Hospital Virgen de la Luz para ofrecer información a los trabajadores, pero también a los usuarios de los recursos sanitarios "para que conozcan de primera mano las consecuencias que van a acarrear estos pliegos de contratación", ha resuelto. 


En el mismo sentido, el secretario de Acción Sindical y del Sector del Transporte del sindicato, Ángel Luis Castellano Bobillo, ha incidido en que actualmente hay 280 trabajadores que tendrían que ser subrogados por la empresa que, a partir del 1 de febrero, se adjudique el servicio, pero en los pliegos de condiciones técnicas se establece una plantilla de 223 trabajadores como "personal técnico mínimo" para la provincia de Cuenca, incluyendo transporte urgente y no urgente. "Ahí es donde está el riesgo máximo de despido", ha argumentado. 


Asimismo, se ha referido a las circunstancias "especiales" que rodean al proceso de licitación en Cuenca, dado que la actual adjudicataria, la UTE Ambulancias Conquenses Servicios Sanitarios S.L., resultó concesionaria en 2012 a partir de unos pliegos que, a su entender, "ya eran malos". "Ahora son casi iguales o peores", ha espetado, subrayando que las "consecuencias y los problemas arrastrados" durante estos cuatro años incluyen el despido de 15 trabajadores en diciembre de 2012 por parte de una compañía que ha llevado a cabo una serie de "decisiones, acuerdos e irregularidades respecto a los trabajadores" entre las que ha citado la falta de reconocimiento de la representación sindical de la plantilla o el incumplimiento de la normativa salarial y que, espera, sean tenidas en cuenta por el SESCAM "antes de tomar una decisión" en el proceso de adjudicación del servicio. 


Con el cambio de Gobierno regional, la "confianza", ha confesado Castellano Bobillo, era que "íbamos a encontrarnos unos pliegos diferentes", cuando lo que el sindicato ha encontrado son unos pliegos que "para nada tienen que ver con las promesas que hicieron". 


Por su parte, Alejo Zamora, despedido por la actual concesionaria del servicio en diciembre de 2012, ha advertido de que, tras la resolución del nuevo concurso, "el problema que puede añadirse ahora es que son unos atrasos lo que va a generar la empresa", que ha calculado en unos dos millones de euros de deuda. 


En este punto, ha instado a la Junta a que valore si la compañía, que gestiona el servicio en la provincia de Cuenca desde 1998, "debe seguir siendo responsable del servicio de transporte sanitario en Cuenca", habida cuenta de que cada vez lo ha prestado "con más problemas y peores condiciones". Por ello, ha solicitado a la Administración autonómica que realice un "seguimiento" a su gestión, ya que, ha defendido, en algunos casos, ha "vulnerado" derechos fundamentales de sus empleados, denunciando cómo "hace poco" estos fueron obligados a firmar "voluntariamente" la renuncia "a los tres años de atrasos que les deben de antigüedad". 

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