23 de Octubre de 2017 Son las 23:02

Opinión

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Especial San Mateo 2017
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Orión

Si algo va bien, ¿para qué cambiarlo? (I)

En la Cortes Generales de cuece una nueva ley. Su título: para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La pretensión, modificar la Ley de Bases de Régimen Local. El procedimiento: redistribución de competencias de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para evitar duplicidades y solapamientos, lo cual podría aclarar el panorama competencial y ahorrar. En principio no parece un mal objetivo, pero si leemos con atención las cosas no parecen tan claras.


En primer lugar, traspasar competencias a las diputaciones conllevará inevitablemente la privatización de muchos servicios municipales, especialmente de ayuntamientos pequeños y medianos. Los precios y tasas ya no serán fijados por los Plenos.

El texto determina en la práctica un férreo control político y económico de las administraciones locales por parte del Ministerio de Hacienda.


Pero el mayor motivo de preocupación para quienes escribimos estas líneas es el futuro (sombrío a nuestro juicio) de uno de los servicios que constituyen la base sobre la que se asientan las políticas municipales de protección de los más débiles, de las personas con escasos recursos económicos, sociales, de menor nivel educativo, con serios problemas familiares y en general con la población en exclusión o en grave riesgo de sufrirla.


Estamos hablando de los Servicios Sociales Municipales. Y nos preguntamos, ¿son ahora irracionales como para merecer una ley de racionalización?


Sus bases actuales son muy inteligentes y simples a la vez. En primer lugar, se fundamentan en la cooperación entre instituciones.

En segundo término, su eficacia se asienta en la proximidad de quienes los presta y quienes los reciben. En tercer lugar, quienes diagnostican y evalúan las necesidades y quienes prestan el socorro preciso forman equipos compactos, con mucha experiencia y buenos conocedores de la realidad que pretenden transformar.


Pondremos como ejemplo al Ayuntamiento de Cuenca.


Desde 1992 está integrado en el Plan Concertado. La financiación se realiza sumando créditos del Gobierno de España, de la Junta y del propio Ayuntamiento.


El número de trabajadores se encuentra dentro de los parámetros que las leyes determinan.


Ninguna corporación ha cuestionado ni su presupuesto ni su eficacia. Un grupo (los trabajadores sociales) diagnostica y prestan apoyo personal con atención individualizada o familiar y presta apoyo a la unidad de convivencia a través del servicio de ayuda a domicilio y con planes de educación familiar. Otro grupo previene la exclusión y realiza planes de inserción social, empleabilidad y de mejora de acceso a la vivienda, es responsable del Albergue de Transeúntes (con el concurso de Cáritas), y ejecuta planes sobre menores y jóvenes. Y por último, los servicios realizan programas de integración a través de la participación y el fomento de la solidaridad.


Pero esto ya no será así. La mayor parte de esos servicios pasarán a depender de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Es esta transferencia de responsablidad una garantía de “racionalización” y mejora? Veamos la experiencia que ya tenemos. Nosotros exponemos y usted saca las conclusiones.


En los dos últimos años, el Gobierno de Españ ha reducido su participación al plan concertado en un 66%. Alguna partidas como la teleasistencia se han reducido a cero. (Cuando crece el número de personas, sobre todo mayores que viven solos).

Mientras, en ese periodo, los requerimientos de asistencia han aumentado en un 40%, por el incremento de la pobreza que ha generado el creciento número de personas sin trabajo y el envejecimiento de la población. Las peticiones de emergencia social (personas que pasan HAMBRE, familias sin hogar…) han aumentado en España un ¡200%!


En el caso de Cuenca, el presupuesto se ha reducido un 48% en sólo dos años. Ha pasado de 4,8 millones de euros a 2,5 millones de euros en ese periodo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que recibe la aportación del Estado, ha disminuido su aportación en un 50%. El Ayuntamiento ha disminuido su aportación en 0,9 millones de euros.


A principios de este año, el Gobierno regional debía al Ayuntamiento 5 millones de euros, el equivalente a los dos últimos años de presupuesto comprometido. No tenemos datos de cuántos conquenses han sido valorados en este período como personas que puedan acogerse a los beneficios de la ley de Dependencia, pero no deben ser pocos si tenemos en cuanta que en Castilla-La Mancha son 11.300 a los que el Gobierno ha mirado a los ojos transmitiendo el mensaje siguiente: Usted tiene derecho a recibir una ayuda para vivir con cierta dignidad.


Y ahora las preguntas a las que usted puede responder para evaluar los previsibles efectos de la ley. ¿No cree usted que en lugar de alejar los centros de decisión y de atención, debería reivindicarse el acercamiento a los barrios donde viven los pobres, como, por cierto ha hecho la consejera de Castilla y León del PP? ¿Ha hecho méritos el Gobierno regional para merecer esta nueva responsabilidad? Cuando la ley habla de racionalizar, ¿despedazar las competencias es el camino? ¿De qué está hablando cuando dicen que será sostenible el sistema? ¿Es sostenible una sociedad con más pobres cada vez y menos dinero para atenderlos? ¿Cuánto tardarán en rebelarse si hasta lo poco que tenían se lo quitaron? ¿Hablamos de personas o de dinero? ¿Hablamos de esperanza o de frustración?


Nos tememos que de eso no habla la ley.


Y por último, y desde nuestro propio desconcierto, ¿si algo funciona bien para qué cambiarlo? No parece muy racional. ¿Y usted, qué piensa? Pues dígalo. Alto y claro, que lo oigan todos. Por nosotros, queda dicho.

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