Los tres grupos de la oposición han impedido que el Ayuntamiento de Cuenca pueda destinar, como proponía el equipo municipal, 4,5 millones de euros procedentes en su mayoría del superávit del ejercicio de 2018 a amortizar anticipadamente deuda bancaria con el fin de reducir el elevado nivel de endeudamiento de las arcas municipales -65 millones de euros de deuda financiera y un millón de comercial- y ahorrarse 240.000 euros en intereses.
En concreto, el equipo municipal proponía la cancelación de dos de los 38 préstamos existentes, los de mayor interés fijo, a un 2,5 por ciento, pero se ha encontrado con el voto en contra de los concejales de PSOE e Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos, formación esta última que se ha mostrado favorable a la amortización pero se ha abstenido en protesta por el incumplimiento reiterado, por parte del PP, de los acuerdos que ambas formaciones han alcanzado a lo largo de la legislatura para sacar adelante los presupuestos.
El concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía ha defendido esta propuesta por la necesidad, incluida en varias leyes recientes y, desde 2011, en el artículo 135 de la Constitución Española, de que las administraciones públicas den prioridad a reducir el déficit sobre cualquier otro de gasto y por que el ahorro de esos 240.000 euros de intereses proporcionaría “más liquidez y recursos para inversiones”.
Eso sí, ha detallado que el dinero del superávit que el equipo municipal proponía destinar a esta amortización no llegaba a la mitad del total: 3,6 millones de euros de un total de 9,3 millones de un remanente propiciado, según el concejal, gracias un aumento de 2,4 millones de euros en la recaudación, fruto de que “hemos sido más eficientes”. Aunque también ha conducido a este superávit la no ejecución de inversiones previstas, algo que Gómez Buendía ha achacado a “la obstrucción” de la oposición “a cualquier propuesta e inversión” y el alcalde, Ángel Mariscal, a que los técnicos municipales no tienen capacidad para sacar pliegos y licitaciones de obra pública a un mayor ritmo. “No es porque no queramos”.
Se trata de una inversión con el informe favorable de la interventora, que en su defensa ha referido a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financierade 2012, en cuyo artículo 32 se dice lo siguiente: “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda”. Según ha hecho hincapié la interventora, “dice se destinará, no se podrá destinar: el tiempo verbal cambia el significado”. Esta ley se prorrogó además el pasado mes de marzo por el actual Gobierno.
A esto la interventora ha añadido la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que considera infracción muy grave no destinar los ingresos a reducir la deuda pública.
Rechazo de la oposición
Para justificar su rechazo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Jesús Gómez del Moral Martínez ha preguntado al equipo municipal si “no les da vergüenza decir que destinamos el superávit a reducir deuda conforme están la ciudad y los conquenses”.
Esto sería, ha dicho esta concejal, “como si en mi casa yo les doy a medias de comer a mis hijos pero, como no me gasto el dinero y les trato de tal manera, ahorro y con ese ahorro pago la hipoteca”.
Ana Sánchez, de IU, también ha considerado prioritario realizar inversiones en mantenimiento o en el refuerzo de servicios como el transporte público dado el estado de la ciudad, “con baches, barrios abandonados, un transporte publico residual”.
También, en este partido han preguntado por qué este año existe esta necesidad de cuando, según sus datos, “el año pasado no dedicaron nada a amortizar deuda”, a su entender “una propuesta propagandística que no tiene en cuenta el estado de la ciudad ni de los ciudadanos”.
En IU también han cuestionado la preocupación del PP por cumplir con el artículo 135 de la Constitución cuando, según Sánchez, “a ninguno les he oído hablar de defender otros” como los referentes al derecho a un trabajo y una vivienda digna, a unas pensiones adecuadas y actualizadas o a la libertad de expresión. “Listos, que son muy listos cuando hablan de la Constitución”, ha dicho Sánchez, convencida de que “los conquenses prefieren que les arreglen las calles a que ustedes queden de… maravilla con los bancos porque la ciudad está como está”. O que sería más beneficioso “destinar esos 3,6 millones de euros a crear un plan de empleo donde dar trabajo a 418 personas, que luego tendrían derecho a paro”.
El concejal de Hacienda ha contestado sin embargo a Sánchez calificándola de “incitadora de la delincuencia económica de este ayuntamiento” y asegurando que “rebosa ilegalidad por los cuatro costados y por los cinco sentidos”.
Ciudadanos, a favor, se abstiene y evita que la propuesta se apruebe
Ciudadanos, por su parte, ha destacado que con la propuesta del equipo de gobierno el ayuntamiento “nos ahorramos 240.000 euros” y que votar en contra sería “poco responsable” pero, con su abstención, ha impedido que esto pudiera salir adelante en protesta por el citado incumplimiento de sus acuerdos. “No pueden priorizar a su libre albedrío, sino pactando, porque no tienen mayoría absoluta. Podemos ser socios, pero no comodines”, ha dicho María Jesús Amores.
En el PSOE se han mostrado dispuestos a votar a favor “si se nos dice que la ley nos obliga a modificar el presupuesto para pagar deuda anticipadamente”, aunque entendiendo que “no es exigible” no pagar la deuda, sino hacerlo por adelantado.
Lo socialistas han insistido en que se les dijera si, al votar en contra, podrían cometer alguna ilegalidad, ante lo que la interventora, tras citas las leyes ya señaladas, ha respondido diciendo que “no vamos a decirles lo que tienen que votar. Todos son adultos y responsables. Cada uno es responsable de su voto”.
Los socialistas han terminado así votando en contra al entender que, con ello, “no cometemos ninguna ilegalidad”.
