Protestas del personal penitenciario de Cuenca por la agresión de Soto del Real

Los trabajadores penitenciarios de Cuenca se han sumado este miércoles a la protesta que a nivel nacional denuncia la agresión que sufría este martes un funcionario de prisiones en Soto del Real por parte de un interno que le propinó cuatro puñaladas por la espalda.

Señalan que este suceso es la gota que colma el vaso de "la inseguridad” que sufre el personal, y que según denuncian, se hace ya insostenible. Por esa razón, la práctica totalidad de los trabajadores y funcionarios de la prisión de Cuenca, tanto bajo el paraguas de sindicatos como de la nueva plataforma 'Tu abandono me puede matar' se concetraban esta mañana para decir basta ya a las agresiones.

Si bien lo hacían de forma voluntaria sin que se haya producido ua convocatoria específica por parte de alguno de ellos. "Es una manera de apoyar a un compañero y de plantear la indefensión que sufen funcionarios", señalaba la directora del centro penitenciario de Cuenca, Charo Rubio.

Todos los presentes han aprovechado para exigir más medios, plantilla y autoridad. En el caso de Cuenca, la población de internos es pacífica y hasta ahora no se ha registrado ningún incidente, destacaba Rubio. Con todo incidía en que "nunca se está libre de que puedan ocurrir problemas".

Y es que una cárcel "es un polvorín", añadía Gerardo Porras, representante de ACAIP, el sindicato mayoritario prisiones, que al igual que el resto de sindicalistas, trabajadores y funcionarios, destacaba que el problema es la falta de personal y de medios. "Nos dejan internos que vienen bien custodiados por la policía pero nosotros no tenemos nada. No disponemos de equipos ni de armas y tampoco tenemos autoridad", enfatizaba.

Según los datos de este sindicato, en los últimos seis años se habrían producido unas 2.100 agresiones en las prisiones españolas, algunas de extrema gravedad. Así lo corroboraba también desde UGT, Antonio Crespo, delegado de este sindicato en el centro conquense, quien destacaba además, que "cada vez vemos que se se producen con más frecuencia y con mayor gravedad".

Y en parte, señala, que esto es así por la falta de personal. De hecho, añadía que en estos momentos, entre jubilaciones y bajas que no se reponen, de los 22.000 trabajadores de prisiones en el conjunto nacional faltan aproximadametne el 20%, la misma proporción que registra el centro de Cuenca, cuya plantilla se eleva a unos 110 trabajadores, según confirmaba su directora.

A la falta de personal se suma el envejecimieto de las plantillas y la falta de medios y recursos para poder ejercer de forma adecuada el desarrollo de su actividad en condicione de seguridad. Una situación que tanto Crespo como Esteban Cuenca, representante de CSIF, señalaban que vienen reclamando desde hace tiempo, especialmente durante los dos últimos años con manifestaciones, concentraciones y encierros.

"Pero vemos que no nos hacen caso. Los problemas se siguen agravando, fundamentalmente los de personal, Y en consecuencia vienen las agresiones. Todos los días hay secuestros y agresiones al personal penitenciario y si no se toman medidas las cosas irán a más", señala.

Además de aumentar medios y personal, los sindicatos reclaman que se dote de autoridad a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Una medida que a su juicio contribuiría a disuadir a los internos.

"Pedimos que se nos reconozca como agente de la autoridad en el ejercicio de nuestro cargo, no fuera de él", especificaba el representante de UGT. Y es que destacaba que la respuesta judicial a las agresiones, aunque depende del juzgadoal no vernir recogido por ley, "se puede considerar como un simple delito de lesiones en lugar de un atentado a un agente de la autoridad, en el que las penas son mayores y eso también puede frenar este tipo de cosas", apostillaba Crespo.

Por su parte, desde la plataforma 'Tu abandono nos puede matar', un colectivo asindical de funcionarios de prisiones inciden en que durante los últimos tiempos se está detectando que muchos internos, de forma individual u organizada en grupos, se muestran cada vez mas reticentes y beligerantes a la hora de obedecer órdenes de los funcionarios.

Y es que afirman que saben que el uniformado que tienen enfrente “se encuentra solo, abandonado y que no tiene ninguna autoridad sobre ellos”.

Las consecuencias, dicen, es que son el colectivo de la Administración General del Estado (AGE) que más agresiones sufre, con una media de 600 anuales, aunque según señalan se maquillan a la baja. En todo caso, apuntan a que se han duplicado en los últimos ocho años.

Al igual que los sindicatos, para combatir esta situación piden más personal, más medios materiales y un reconocimiento como agentes de la autoridad pero también más formación y una especialización adecuada, por ejemplo con la creación de una carrera profesional real como poseen otros cuerpos.

Desde Cuenca, coordinador, Enrique Merás, destaca a Las Noticias que llevan demasiado tiempo sufriendo las consecuencias del "abandono de las administraciones" sin que se consigan cambios, por lo que los trabajadores "no se sienten representados por los sindicatos". Por esa razón, destaca que ha surgido esta plataforma, de la que forman parte 1.500 trabajadores penitenciarios del país, y cuyo objetivo, dice "es luchar para “recuperar la dignidad del colectivo".

Así, durante la concentracion, además de denunciar la situación de inseguridad que se eta viviendo y que a su juicio es consecuencia "del abandono de la administración" y exigir medios suficientes para frenarla, han aprovechado para dar a conocer la nueva plataforma y los muchos los problemas a los que se enfrenta el colectivo, además de exigir también una justicia salarial.

En este sentiod, el colectivo pide la aplicación de una subida lineal en consonancia a la aplicada a los cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil; además de simplificar la categoría de los centros “que se ha quedado obsoleta” de tal forma que el mismo trabajo reciba el misma salario. Y que se equiparen los sueldos con los que se perciben en Cataluña y que según denuncian, dependiendo del puesto y del centro, la diferencia puede llegar a 1.000 euros en 14 pagas, siendo la media de 500 euros mensuales menos por funcionario.